El Perú enfrenta grandes retos y problemáticas en su camino para convertirse en un país del primer mundo. Si bien hemos tenido avances económicos y sociales en las últimas décadas, aún persisten brechas significativas que nos alejan de las naciones desarrolladas. Entender estas problemáticas es clave para identificar las áreas prioritarias de acción. Uno de los mayores problemas es la gran desigualdad económica y social. Somos uno de los países más desiguales de América Latina, con un coeficiente de Gini de 0.44. Esta brecha se manifiesta en múltiples dimensiones: en la distribución del ingreso, en las oportunidades de empleo y educación, en el acceso a servicios de salud y saneamiento, entre otros. La pobreza afecta al 20% de la población y la pobreza extrema al 3%. Superar estos desequilibrios requiere políticas activas de inclusión en varios frentes.
Se necesitan programas focalizados de transferencias monetarias y apoyo alimentario a los más vulnerables. También es clave expandir la cobertura y calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, agua y electricidad a las zonas más deprimidas, tanto urbanas como rurales. Asimismo, se deben generar más oportunidades de empleo y emprendimiento productivo para elevar los ingresos familiares. Y a nivel macro, urge una reforma tributaria progresiva para captar más ingresos fiscales y redistribuirlos. Otra dificultad son los bajos niveles educativos, problema que viene de larga data y que explica en parte los problemas de productividad, empleo e ingresos. Según la OCDE, el Perú tiene la segunda tasa más baja de matrícula en educación superior de Sudamérica. La educación escolar enfrenta problemas de calidad, infraestructura inadecuada, falta de materiales y altas tasas de deserción.
Se requiere un aumento significativo de la inversión pública en infraestructura y equipamiento educativo, así como mejorar la formación y remuneraciones de los docentes. También es clave elevar los estándares y la pertinencia de los contenidos educativos. En paralelo, se deben expandir los programas de alfabetización y educación técnica para los millones de peruanos que no concluyeron la educación básica, de modo que tengan opciones para insertarse laboralmente.
Un tema crítico es la debilidad institucional y los problemas de gobernabilidad. La corrupción está muy arraigada en los diferentes niveles de gobierno y en muchos sectores. No hay una carrera pública meritocrática. Las instituciones clave como el Poder Judicial, Ministerio Público y organismos electorales enfrentan serios cuestionamientos por politización, baja capacidad y pérdida de confianza ciudadana. Es necesaria una reforma integral del servicio civil para profesionalizar la administración pública en base a concursos transparentes y evaluación del desempeño. También se requiere una reforma del sistema de justicia para combatir la corrupción y recuperar su autonomía. Asimismo, urge una reforma política que incluya una nueva ley electoral, bicameralidad y medidas contra la fragmentación partidaria. Reinstitucionalizar el Estado es una tarea urgente.
Otra traba importante es la informalidad laboral y empresarial. El 70% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, sin protección social ni derechos laborales. Esta situación perpetúa la pobreza y vulnerabilidad. Del lado empresarial, la informalidad dificulta el crecimiento y productividad de las PYMEs al limitar su acceso a financiamiento y mercados. Por lo tanto, formalizar la economía requerirá una combinación de incentivos tributarios, programas de capacitación, mejora de los servicios públicos y simplificación administrativa. También se debe facilitar la formalización de la propiedad para incrementar el acceso al crédito. La meta debe ser crear un círculo virtuoso donde la formalización impulse la productividad y esta genere más empleo formal.
La falta de diversificación productiva también es un dilema. Las exportaciones dependen en un 60% de productos primarios con poco valor agregado. No hemos logrado desarrollar cadenas productivas ni clústeres innovadores fuera del sector minero y pesquero. Se requieren políticas activas de encadenamiento productivo, mejora de infraestructura y marco normativo para impulsar la industria manufacturera y de servicios con mayor valor agregado.
El desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación es igualmente clave para subir en la cadena de valor. El gasto en investigación y desarrollo es apenas el 0.08% del PBI, muy por debajo del promedio de la OCDE. Se necesita un compromiso sostenido de largo plazo para invertir más recursos en este campo, así como vincular la academia con la industria para la aplicación productiva del conocimiento.
Otros retos incluyen la debilidad en infraestructura, la baja productividad laboral, las deficiencias en seguridad ciudadana y el avance del narcotráfico. Superar la brecha en infraestructura requerirá triplicar la inversión actual al 5% del PBI, con participación público-privada. Elevar la productividad laboral demandará mejorar la calidad educativa, integrar tecnología e impulsar la capacitación en el trabajo. Enfrentar el narcotráfico y la delincuencia común es complejo dada la débil institucionalidad estatal; se requiere un enfoque multidimensional con presencia territorial y mayor coordinación interinstitucional.
Convertir al Perú en un país del primer mundo es un proceso complejo pero posible. Requerirá pactos políticos y sociales para trazar una ruta y mantenerla a largo plazo, más allá de los gobiernos de turno. También demandará incrementar los ingresos fiscales y la inversión en áreas estratégicas de manera sostenida. Con voluntad política, liderazgo técnico y participación ciudadana podemos sentar las bases para ser una nación desarrollada, inclusiva y sostenible. Es un reto mayúsculo, pero estamos en capacidad de planteárnosla y alcanzarla si hay decisión colectiva de avanzar hacia ese horizonte.
Propuestas viables de solución para llevar al Perú en un país del primer mundo
Para avanzar en la senda del desarrollo y convertir al Perú en un país del primer mundo, se requieren reformas integrales en múltiples frentes. A continuación se esbozan algunas propuestas viables organizadas por temas:
- Educación. En educación, una de las metas debe ser lograr la cobertura universal en educación inicial, primaria y secundaria, con estándares de calidad equiparables a la OCDE. Para ello se necesita construir y equipar más de 10,000 colegios en zonas urbanas y rurales deprimidas en la próxima década, con participación público-privada. Asimismo, es clave dignificar la carrera docente, duplicando el salario promedio actual y estableciendo rigurosos sistemas de evaluación y capacitación continua. Otra prioridad es renovar los contenidos educativos para desarrollar competencias como pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo y ciudadanía.
- En salud. El objetivo debe ser lograr la cobertura universal en atención primaria y reducir drásticamente la desnutrición crónica infantil. Se propone la construcción de 5,000 postas médicas con personal permanente en zonas vulnerables y expandir los programas de visitas domiciliarias. Asimismo, ampliar sustancialmente los programas sociales como Cuna Más y Qali Warma que han demostrado impacto en la lucha contra la desnutrición.
- Reducción de la informalidad. Para reducir la informalidad, se plantea una reforma tributaria que reduzca las complicaciones del actual sistema y amplíe la base tributaria, a fin de otorgar incentivos para la formalización empresarial y laboral. Asimismo, es clave simplificar trámites y contar con programas de capacitación y financiamiento para las PYMEs que se formalicen.
- En infraestructura. La propuesta es duplicar la inversión actual al 5% del PBI anual en la próxima década, aprovechando al máximo las asociaciones público-privadas. Las prioridades son caminos rurales, banda ancha, mejora de puertos y aeropuertos, y el cierre de brechas en agua y saneamiento. Esta mayor inversión debe provenir tanto de recursos fiscales como de concesiones y obras por impuestos.
- Diversificación de la economía. Para diversificar la economía, se plantea desarrollar incentivos focalizados para impulsar cadenas productivas no tradicionales como agroindustria, manufacturas, servicios de exportación y turismo. Esto requiere inversión en investigación, facilitación de exportaciones, mejora de la conectividad física y digital, y acuerdos comerciales.
- Reforma política. En institucionalidad democrática es clave una reforma política profunda que incluya la bicameralidad, nueva ley electoral, financiamiento transparente de partidos y una autoridad electoral autónoma. Asimismo, una reforma del sistema de justicia para despolitizar al Poder Judicial y el Ministerio Público, así como dotarlos de los recursos necesarios.
- Modernización de la gestión pública. Para modernizar la gestión pública, se propone una reforma del servicio civil para institucionalizar un régimen meritocrático con selección por concurso público, evaluación de desempeño y capacitación continua. También es esencial promover la participación ciudadana, la transparencia y la digitalización de trámites.
- Seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana, se necesita una estrategia multidimensional que combine prevención social, incremento de efectivos policiales, sistemas de videovigilancia e inteligencia para desarticular las redes criminales. Asimismo, adecuar el marco legal para otorgar herramientas eficaces a las fuerzas del orden dentro del respeto a los derechos humanos.
- Erradicación del narcotráfico. Para enfrentar el narcotráfico, se requiere consolidar la presencia del Estado y programas de desarrollo alternativo en zonas cocaleras. Asimismo, mayor cooperación regional e internacional para desbaratar las mafias internacionales. También es clave reforzar la justicia especializada en narcotráfico y lavado de activos.
- En el aspecto económico. En el plano económico, una mayor recaudación tributaria es indispensable para incrementar la inversión en áreas estratégicas. Se propone que la presión tributaria suba 5 puntos del PBI en los próximos 5 años. Los recursos adicionales deben priorizar salud, educación, seguridad, infraestructura productiva y protección social. El pacto fiscal debe incluir compromisos de mejora de la gestión pública.
- Impulso de la innovación. Para impulsar la innovación se requiere triplicar la inversión actual en ciencia y tecnología al 0.3% del PBI en la próxima década, con énfasis en la aplicación productiva del conocimiento en alianza universidad-empresa. Asimismo, se deben otorgar beneficios tributarios a la inversión empresarial en innovación.
- Medioambiente. En materia ambiental, es clave fortalecer la institucionalidad pública para la fiscalización y el cumplimiento de estándares. Asimismo, promover una matriz energética limpia, ampliar las áreas naturales protegidas, e impulsar la agricultura y minería sostenibles.
Finalmente, para lograr estos cambios se necesita un acuerdo nacional con visión de largo plazo, que aglutine a las principales fuerzas políticas, económicas y sociales. Solo un pacto de esta naturaleza dotará de la estabilidad y continuidad que requieren las reformas. La construcción de una visión compartida sobre la necesidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible debe ser el punto de partida.
En síntesis, con voluntad política, recursos focalizados en áreas estratégicas y participación de la sociedad civil, es posible encaminar al Perú hacia el progreso económico y social que caracteriza a las naciones desarrolladas. No será rápido ni fácil, pero con una hoja de ruta clara y compromiso colectivo podemos convertirnos en un país del primer mundo.
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